COLECTIVO DE ARQUITECTAS

Hace un año, vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, arquitectos, miembros de ONGs y organizaciones ambientales, sociales y políticas presentaron ante la Legislatura porteña un proyecto para construir un parque público en los terrenos de Costa Salguero y Punta Carrasco.

La iniciativa popular está respaldada por 53.709 firmas, las cuales fueron convalidadas por el Tribunal Superior de Justicia. Sin embargo, el proyecto que pide la derogación de la Ley N° 6.289 (que habilitó la venta de esos predios para construir torres de lujo) sigue sin ser tratado con la seriedad que se merece.

Frente a esta situación, desde el Colectivo de Arquitectas en Defensa de las Tierras Públicas, una de las organizaciones que está detrás de esta petición, apelaron a “la consciencia y responsabilidad de cada legislador para escuchar a la ciudadanía, respetar la Constitución y acompañar la iniciativa popular”.

En una carta abierta, hicieron hincapié en recuperar esas 32 hectáreas con un parque público de acceso libre y gratuito para el disfrute y el encuentro, que permita recomponer la relación de la ciudad con el río, incrementar los espacios verdes y potenciar el paisaje natural frente a la costa.

“Es la oportunidad concreta, posible e irrepetible, de construir una ciudad un poco más justa desde lo social y más sustentable desde lo ambiental. Queremos y debemos recuperar el Río de la Plata para las generaciones futuras”, señalaron las arquitectas, quienes alertaron sobre las consecuencias negativas que recaerán sobre las futuras generaciones “si no se mira la ciudad desde una perspectiva ambiental, sostenible e inclusiva”.

Insistieron en que la sociedad porteña necesita que se respete la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y el Plan Urbano Ambiental, en cuanto al uso público y de libre acceso y circulación que deben tener la totalidad de los espacios que conforman el contorno ribereño.

A modo de ejemplo, remarcaron que el Plan Urbano Ambiental, aprobado en 1904 (ley marco a la que debe ajustarse la normativa urbanística y las obras públicas), establece en su art. 9, inc. C ítem 4 que se debe “destinar a uso público los predios de dominio estatal que se desafecten en las riberas”.

En diálogo con Infobae, la arquitecta Bárbara Rossen, especialista en Proyectos Urbanos, responsable del área de Derechos Urbanos, Espacio Público y Ambiente en la Defensoría del Pueblo y una de las integrantes del Colectivo de Arquitectas en Defensa del Espacio Público, pidió que los legisladores “tengan la grandeza de escuchar a la ciudadanía”.

“La Ley 40, que es la de la iniciativa popular, establece que cumplidos los 11 meses sin que un proyecto haya pasado por Comisión tiene que tratarse en la siguiente sesión del recinto. Tenemos conocimiento de que los legisladores no lo trataron en la Comisión de Planeamiento Urbano para mandarlo este jueves directamente al recinto y archivarlo. Sabemos que el oficialismo tiene el número para hacerlo”, explicó Rossen, quien se preocupó por dejar bien en claro que no es una iniciativa política partidaria sino transversal del conjunto de la ciudadanía.

“Solicitamos una vez mas se escuche a la ciudadanía, se apruebe la iniciativa popular en primera lectura y nos den la oportunidad de expresarnos en la audiencia pública”, exigió la arquitecta. “Queremos que los legisladores tengan la grandeza de escucharnos presencialmente a quienes presentamos esta iniciativa. No pueden poner este tema en la grieta política porque es un proyecto motorizado por arquitectas, jóvenes y ambientalistas”, enfatizó. Y agregó: “Si nos dan la espalda a nosotros, le dan la espalda a la ciudadanía. Las tierras públicas no se pueden vender para negocios privados”.