COLECTIVO DE ARQUITECTAS

Este jueves será de fiesta para el sector inmobiliario porteño. Es que en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires se aprobará la construcción de torres en Costa Salguero, el barrio náutico «Costa Urbana» en la Costanera Sur y once convenios urbanísticos que permiten excepciones a las normas de construcción en la mitad de las comunas de la Ciudad. En busca de respuestas a esta vorágine privatizadora, El Grito del Sur habló con Bárbara Rossen, arquitecta e integrante del Colectivo de Arquitectas en Defensa de las tierras públicas.

¿Qué es la plusvalía urbana y por qué se escuchó tanto este concepto en las audiencias y el debate por Costa Salguero?

La plusvalía es el valor diferencial que se obtiene cuando se le da norma urbanística a una tierra. En el caso de Costa Salguero, como en Costa Urbana, al darle norma a una tierra donde hoy no se pueden construir viviendas, el precio de la parcela pasa a valer muchísimos miles de dólares más. El tema es quién gana esa plusvalía: ¿La gana el Estado? ¿La gana el privado? ¿La ganan los vecinos y vecinas? En general, el mecanismo que está implementando la Ciudad es bastante discrecional y, si bien se está pensando que el Estado se quede con una ganancia, no se sabe cómo van a administrar esos fondos, de qué manera, ni tampoco nos queda muy claro que sea de forma equitativa y social. De todas formas, lo primero que queremos nosotros es que esas tierras sean públicas, con lo cual no es el lugar para generar plusvalía. Está bien que exista esa plusvalía cuando en determinados barrios se modifica la norma (porque sino el privado se queda con ese valor) pero en la costa del río no corresponde el debate, corresponde recuperar las tierras que son públicas para el dominio público.

También se estarán discutiendo 11 excepciones a la norma para construir torres. ¿Qué implica esto como precedente de acuerdo entre el GCBA y sus grupos amigos inmobiliarios?

Es preocupante. El convenio urbanístico es una figura que está bien, pero que mal implementada puede ser muy grave. Es un instrumento de gestión que está en el Código Urbanístico para resolver situaciones imprevisibles y de bien común y que solamente se pueden resolver por una excepción. Pero claramente no es para promover emprendimientos discrecionales, como ahora está haciendo el GCBA, mediante el uso arbitrario de una herramienta, cambiándole el sentido, y lo que termina haciendo es vulnerar derechos. Porque las leyes tienen un espíritu relacionado con el bien común, con preservar lo que es de todos, con ciertos criterios de igualdad y el uso discrecional lo convierte en excepciones. En un barrio donde todos nos atenemos al Código Urbanístico, estas excepciones lo que hacen es generar disrupciones morfológicas con el entorno y claramente los que tienen plata poseen el beneficio de poder comprar norma. Voy a decirlo un poco groseramente, pero pareciera que en este momento hay tráfico de normas en la Legislatura. Y por esto mismo fue que el Honorable Consejo Deliberante se pasó a llamar el Palacio de la Corrupción. El debate en una ciudad se da por el uso del suelo, allí es donde se gestiona el poder real. Y nosotros queremos que el Estado encauce al mercado, pensando en el bien común, y que no sea el mercado el que esté tironeando para sacar beneficios propios.